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CESIÓN DE IMÁGENES A LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

En ocasiones, los cuerpos y fuerzas de seguridad piden a los responsables de las cámaras acceder a las imágenes grabadas en relación a algún posible delito. El error aquí se produce al cederlas sin que la autoridad haya entregado una petición motivada (en la que se dé una breve justificación sobre la necesidad, por razones policiales, de contar con dichas imágenes) o sin que lo haga por escrito. Es imprescindible tener la petición motivada por escrito para poder demostrar por qué se han cedido a terceros imágenes captadas por las cámaras.

En este sentido, el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal indica que “ La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad”.

No obstante en el artículo 22. 3 de la LOPD se especifica que el tratamiento de datos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la LOPD será posible siempre y cuando se respeten ciertas garantías.

Estas cesiones serán legítimas “exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a los órganos jurisdiccionales”.

En varios informes de la Agencia Española de protección de Datos se desprende que la petición de información por parte de los agentes debería ir acompañada con garantías legales suficientes para las empresas.  Entre las que se destaca:

  1. Que quede debidamente acreditado que la obtención de los datos resulta necesaria para la prevención de un peligro real y grave para  la seguridad pública o para la represión de infracciones penales y que, tratándose de datos especialmente protegidos, sean absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta.
  2. Que se trate de una petición concreta y específica, al no ser compatible con lo señalado anteriormente el ejercicio de solicitudes masivas de datos. Esto significa que en la petición de videograbaciones por ejemplo deberá especificarse todo lo posible las imágenes que se solicitan, acotando la fecha, horario y lugar de grabación.
  3. Que la petición se efectúe con la debida motivación, que acredite su relación con los supuestos que se han expuesto.
  4. Que, en cumplimiento del artículo 22.4 de la Ley Orgánica 15/1999, los datos sean cancelados “cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento”.

CONCLUSIÓN:

La petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debería ser justificada y salvo en casos excepcionales de urgencia, acompañada con una solicitud o acta formal realizada por escrito.


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